domingo, 22 de octubre de 2017

La política y la filosofía


LA TORPEZA DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Dice Aristóteles —pero los políticos no leen— que quien se propone un objetivo hace bien en inventariar las condiciones con las que cuenta para poder alcanzarlo. Y, acto seguido, trabajar diligentemente para reunir, una a una, aquellas que le falten a fin de encaminarse en forma paulatina y segura hacia su consecución. Nada más sencillo y más obvio. Sin duda, no es una de las máximas más profundas del importante filósofo pero, aun así, los políticos, que no saben leer (porque saber leer es, sobre todo, saber pensar), lo ignoran.

En un momento histórico en que la universalidad de la información y la inmediatez del conocimiento a nivel mundial invitan al entendimiento entre la diversidad de grupos humanos, a la apertura y a la inclusión, hay quienes, confundidos y espantados por lo que erróneamente sienten como una amenaza a su integridad y sus valores, despiertan los viejos fantasmas del etnocentrismo y el nacionalismo que tanto daño han hecho en el pasado y el presente —¿ha habido alguna guerra que no enarbolara el estandarte de la propia identidad, que no preconizara el orgullo de los valores propios frente a los de otros?—, y así, en una época de necesaria solidaridad internacional, que se expresa en proyectos de elevadas pretensiones, por desgracia no siempre fáciles de llevar adelante y no ejemplares en todas sus acciones, como la Unión Europea, los ultranacionalismos pretenden erigir fronteras, establecer divisiones, separar en vez de unir.

Es posible que el actual momento no sea el más adecuado para separatismos. De hecho, puede que sea el peor momento de la historia para invocar viejas fronteras o establecer otras nuevas. Por mucho que las comunidades y ciudades-estado del pasado conocieran épocas de prosperidad, esta siempre se vio amenazada por los constantes enfrentamientos (nacionalistas, etnocéntricos) entre ellas, mientras que algunos de los momentos de mayor desarrollo cultural y económico de la humanidad han sido aquellos marcados por la tolerancia, el intercambio recíproco, la convivencia, la aceptación del otro. ¿Hay que recordar la unión de la Magna Grecia, la época alejandrina, la Liga Hanseática, el progreso de los centros de confluencia de la Ruta de la Seda, el Renacimiento, la Ilustración con su exaltación de la universalidad, los progresos científicos y culturales durante los siglos más tolerantes de la expansión musulmana, la enorme influencia mundial de la España previa a la Inquisición?… Incluso bajo la hegemonía totalitarista de los grandes imperios del pasado, lo que engendró riqueza económica y cultural fue la diversidad. ¿Hay que recordar la interculturalidad de la Pax Romana, o de la China unificada por el Primer Emperador? Los políticos actuales, voluntariamente o no, lo ignoran, quizás debido a su falta de lecturas.

Como sea, quien se propone un objetivo —aun sin haber leído a Aristóteles, mediante el solo sentido común— debería revisar si tiene los recursos necesarios, y buscarlos si no fuera así. Si el objetivo es la creación de un Estado, lo primero y esencial es contar con los apoyos suficientes. Primero y fundamentalmente, de la población. Un proceder lógico para un objetivo de tal envergadura, en nuestra época, sería hacer un referéndum. ¿Tiene la Generalitat (o cualquier Autonomía española) la facultad para llevarlo a cabo? Dentro de la Constitución actual, no. De hecho, en cualquier país, la secesión es la tarea más difícil que podría proponerse cualquier gobierno regional o autonómico, ya que la disgregación del Estado no será, previsiblemente, una opción contemplada por la legislación. En una secuencia lógica se impone, por consiguiente, modificar primero las leyes a fin de posibilitar la separación, ya que lo contrario sería un enfrentamiento imposible de ganar por vías legales o jurídicas. En épocas pasadas, bajo condiciones de dominación política, el enfrentamiento habría sido posiblemente la única vía, con la previsible consecuencia de una guerra —que podía ganarse o no—, la destrucción generalizada y la irreparable pérdida de vidas. Pero en un moderno estado democrático de la Europa del siglo XXI, existen garantías jurídicas y de derechos humanos, así como mecanismos para modificar y pactar las leyes. ¿Qué haría un político inteligente? (sé que la expresión es un oxímoron). En primer lugar, parlamentar. Existe, literalmente, un Parlamento, que sirve precisamente para eso. No ya un político, sino cualquier persona inteligente, no esperaría un éxito inmediato. Más bien todo lo contrario. La tarea será larga y difícil. Tendrá que empezar por convencer no ya de su objetivo sino de la mera posibilidad de discutirlo. Todas las leyes, todas las instituciones, todos los mecanismos existentes están en su contra. Además necesita asegurarse de que cuenta no sólo con el apoyo obvio de su grupo político sino de una amplia mayoría de la población. Es claro para cualquier mente razonable (pero ¿existen políticos razonables?) que una mayoría cualquiera no basta para un objetivo tan drástico que afectará de un modo u otro la vida de todos los ciudadanos. Necesitará de una mayoría cualificada que aporte al proyecto un respaldo incuestionable. En su compleja tarea, deberá prever las consecuencias económicas y financieras, jurídicas, educativas, tecnológicas, sociales y culturales de su proyecto. Deberá consultar con todos los estamentos de la población y obtener su respaldo. Sólo así contará con una base sólida para un proyecto de esa magnitud. Y sólo entonces estará en capacidad de intentar emprenderlo. Aun así, será una negociación difícil que, como toda negociación, tendrá que ser pactada y, como en toda negociación, habrá que ceder en algunos puntos, como lo exigen el elemental respeto y la sana convivencia con un Estado del que se ha formado parte hasta ahora y con el que necesariamente habrá que convivir en un mundo de universalidad y de pactos globales. Un mundo en el que, probablemente, el separatismo será un retroceso que no aporte ninguna ventaja social ni económica al nuevo Estado. Pero al menos, habría habido una clara voluntad mayoritaria llevada a sus consecuencias dentro de un proceso legal.

Algo tan obvio como lo anterior queda, obviamente, fuera de la capacidad mental de los políticos. Junqueras, al hablar falsamente de las diferencias genéticas de los catalanes con el resto de los españoles, que desmienten tanto la genética como la historia, aparte de propiciar dudas sobre su supuesta calidad de historiador, revela un vergonzoso racismo: desatinos que avalan su nula capacidad de negociación. Cuando Artur Mas aseguró que ninguna empresa se iría de Catalunya demostró no tener ni idea de los mecanismos económicos de la comunidad que pretendía gobernar: desde que se inició el procés, 35 grandes empresas, algunas de arraigada tradición, han abandonado Catalunya, incluidos dos de sus tres bancos más importantes; en total, unas 1200 empresas entre grandes y pequeñas ya han trasladado su sede social fuera de la comunidad autónoma (al menos un importante empresario ha denunciado que en ningún momento fueron consultados por los políticos independentistas, y los que advirtieron de los problemas que planteaba la separación no fueron oídos). Puigdemont, en vez de aprovechar de manera inteligente la torpe y reiterada negativa del gobierno central al diálogo, oponiendo un comportamiento intachable que evidenciara su superioridad política y legal, y que habría podido ganarle apoyo moral, se empeña también torpemente en desconocer las leyes que lo obligan y en provocar irresponsables movimientos de masas, como un trasnochado cabecilla de otra época en un cargo que obviamente le queda grande.

Ya lo decía Platón —pero ya sabemos que los políticos no leen—: el mejor gobernante es el filósofo. El problema es que quien ama la sabiduría y, presumiblemente, gobernaría con ella a sus conciudadanos, está tan interesado en saber que no quiere ocuparse del gobierno. Y así, está condenado —como usted y como yo, apreciado lector— a ser gobernado por ineptos.

 

viernes, 6 de octubre de 2017

Ilegalidad frente a inmovilismo


NI PUIGDEMONT NI RAJOY

La inteligencia es un bien escaso. Y no abunda en la clase política. De hecho, es uno de los lugares donde es más difícil encontrarla. Vemos muestras de ello todos los días. Una de las más recientes, y de las más graves, por su repercusión en la sociedad que los políticos dicen representar, es el enfrentamiento entre el govern de la Generalitat y el gobierno de España, ambos anclados en posiciones irreductibles que solo conducen al desastre.

Pero eso no les importa a los políticos, siempre que el desastre lo sufran otros, sobre todo si ellos obtienen algún rédito, medible por sus éxitos, su popularidad, su permanencia en el poder que tanto valoran, o su ego que valoran aún más. Porque ellos saben, ¡qué desgracia!, que no podrán permanecer siempre en el poder; ni aun los dictadores más inamovibles, porque la vida humana tiene un límite. Pero en los libros de historia, en los documentos oficiales, en las hemerotecas, sí quedará su nombre, y si puede ser asociado a algo que suene grande, como “la independencia de un pueblo” o “la defensa de la unidad del país”, pues mejor. ¿A qué mayor gloria se puede aspirar?

Y para alimentar ese ego no dudarán en utilizar las leyes para sus fines personales, en destruir al adversario (con medios que en otra época podían llegar a la ejecución, o con la inhabilitación política en los actuales estados de derecho), en incitar a las masas, en arrastrar al desastre lo que se interponga en su camino, siempre que puedan echarle la culpa al otro. Y siempre puede echársele la culpa a otro, como demuestran la retórica y la historia, desde los comienzos de la teoría de la argumentación con Gorgias, en los inicios de filosofía occidental, hasta los falsos argumentos de Puigdemont y de Rajoy.

Si fueran niños –mentalmente, en muchos respectos, lo son– habría que sentarlos ante una mesa de discusión y mantenerlos allí, como a párvulos malcriados, hasta que llegaran a un acuerdo. Porque una de las primeras cosas que un niño debería aprender es que tan difícil es que alguien tenga toda la razón como que esté totalmente equivocado. A diferencia de las matemáticas, donde unas cuantas reglas explícitas permiten decidir unívocamente si algo es verdadero o falso, en el mundo de las relaciones humanas, donde confluye una compleja variedad de factores de difícil ponderación, las cosas no son blancas o negras: lo normal es que haya una enorme diversidad de grises.

Ni España es indivisible ni el único futuro posible de Catalunya (Cataluña) es la independencia.


EL RECLAMO              

En primer lugar, una cuestión de matices: más que de independencia se trata de separatismo: Catalunya y España no son, en los actuales momentos, un país dependiente de otro, como no lo son Galicia ni el País Vasco, Castilla-La Mancha o Extremadura, respecto de España. Todas ellas son comunidades autónomas españolas, con un régimen político-jurídico determinado, que forman parte de un mismo territorio nacional, así reconocido por Europa y las demás naciones del mundo (al margen de otros usos que puedan dársele a los términos nación, país, comunidad, región, comarca, estado o el que guste). No obstante, dado que prefieren llamarse independentistas, usaré el término independencia.

Los principales argumentos (llamémosles así) de Puigdemont, Junqueras y demás independentistas, son falaces: “el derecho internacional reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos”. Este es un enunciado muy general que, como todos los enunciados generales, requiere aclaración. De manera muy general también, existen tres casos de aplicación de este derecho: el colonialismo, los países bajo intervención militar de otro estado, y la violación reiterada y permanente de los derechos humanos. Ninguno de ellos aplicable a Catalunya (ni a ninguna otra autonomía española). En el simplismo de sus objetivos personales, los independentistas no intentan explicar esos matices a los ciudadanos (con lo que cumplirían una importante labor educativa); al contrario, manipulan las masas con frases vagas y generales: ¿Quién no quiere ser libre? ¿No es el voto un derecho? ¡El opresor Estado español nos niega ese derecho! Y sin explicar en qué consiste la libertad que ellos prometen, desconocen la legalidad que se comprometieron en su momento a respetar y cuyo cumplimiento, por su parte, exigirán después al pueblo. Porque en los estados de derecho (incluido el que ellos supuestamente proponen) las competencias políticas están distribuidas. Entre ellas, quién puede convocar legalmente un referéndum. Según la Constitución vigente, no las comunidades autónomas, ni cualquier instancia popular. La facultad corresponde a los órganos superiores, más generales, del gobierno. De seguir el simple argumento de los independentistas, tendrían que permitir que, una vez alcanzada la independencia, cualquier provincia catalana que así lo quisiera pudiera hacer su propio referéndum separatista, y tendrían que aceptar (de acuerdo al criterio que ahora esgrimen) su posible independencia. Es la llamada teoría de la infinita divisibilidad, según la cual cada pequeña comunidad, en función de su derecho a la autodeterminación, generaría pequeños estados cada vez más fragmentados hasta el extremo de llegar a formar grupúsculos independientes constituidos por no más de un puñado de individuos (fenómeno que algunos politólogos han llamado “tribalismo posmoderno”). Pero a los independistas no les importan sus propias contradicciones. Así, promulgan sus propias leyes por vías contrarias a la ley. Desconocen al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo pero acuden a ellos para interponer recursos frente las actuaciones del gobierno. Apelan a mayorías que no tienen: según todos los sondeos de opinión disponibles, directos e indirectos, el independentismo alcanza en Catalunya la considerable cifra de un 47-48%. Respetable, sin duda, pero no es mayoría. Ni siquiera mayoría absoluta (que, como se sabe, y ellos deberían recordar, es del 51%). Sin contar que para ciertas acciones políticas de importancia suele requerirse una mayoría cualificada, a veces de 2/3. ¿Es que no es lo bastante importante una declaración de independencia? Pero Puigdemont y compañía dicen estar acatando un mandato del pueblo, pronunciado en referéndum... Un referéndum no solo ilegal según la Constitución sino fallido por razones técnicas y logísticas, resultado de las pocas actuaciones, justificadas o no, del gobierno español (a lo que me referiré enseguida). Referéndum al que, dicho sea de paso, acudieron algo más de 2 millones de votantes… de una población de más de 7 millones (de los que más de 5 millones poseen derecho a voto).   

Por su parte, el Estado español se ha negado siempre a aceptar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya que, también según los sondeos existentes, reclama hasta un 75-80% de la población catalana. Cifra seguramente mayor en estos momentos como reacción a la brutalidad con que la policía reprimió el referéndum celebrado por la Generalitat hace unos días –brutalidad que, aparte de ser habitual de los cuerpos policiales (de todos ellos) cuando se trata de reprimir a ciudadanos indefensos, era totalmente innecesaria si el referéndum no era válido. Dejando aparte cuestiones históricas cuya relevancia para el presente es siempre discutible (en 1934 se proclamó, bajo circunstancias muy distintas, la República Catalana; independencia que duró 10 horas), en época reciente ha habido hasta cinco votaciones en Catalunya desde 2006, relacionadas de alguna manera con el derecho a decidir de la población: el Estatuto de Autonomía de ese año, legalmente propuesto y aprobado, y refrendado por la mayoría de la población catalana, que fue más tarde rechazado por el Tribunal Constitucional, un par de consultas municipales celebradas legalmente y desoídas por el gobierno de España, y la célebre y disputada consulta de hace solo tres años sobre el futuro político de Catalunya, que el gobierno español finalmente también declaró inconstitucional, más las elecciones autonómicas de 2015 al Parlament de Catalunya, donde los independistas obtuvieron una importante representación y a partir de la cual establecieron su “hoja de ruta” para la independencia. 


LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ          

Esa negativa permanente del gobierno de España a atender a un reclamo de la población, o de una parte de ella, concentrada o no en una comunidad autónoma, pero principalmente si proviene de una comunidad autónoma que reclama mayor autodeterminación, no puede tener otra consecuencia que la exacerbación del reclamo, sobre todo cuando la desatención es percibida como la negación de un derecho. La política del avestruz no logra disipar la realidad, por más que así lo crea el animal que, de momento, deja de percibirla. Al contrario, cuando el avestruz saque al final la cabeza del agujero se encontrará con una realidad más imponente y más cercana, que terminará por afectarle de una manera mucho mayor y directa.

Lo inteligente en política, como en todos los ámbitos –pero los políticos no son inteligentes– es siempre escuchar al otro. Porque, previsiblemente, la razón no estará nunca por entero en uno de los lados, sino que se repartirá en forma desigual entre las diversas posiciones. Algo tan básico, que es lo primero que deberían aprender los niños, los políticos lo ignoran.

Las sociedades cambian, y las instituciones deben cambiar en consecuencia. El mundo, hoy a un ritmo mucho más rápido que en el pasado, cambia. El modelo de estado que en un momento fue adecuado para la incorporación de España a Europa y al mundo, cerrando bien o mal el triste episodio de cuarenta años de dictadura para abrirse a la democracia moderna, hoy necesita cambiar para adaptarse. El Estado español debe responder a la realidad presente si quiere seguir siendo una nación moderna que tenga algo que decir y que diga algo en el concierto internacional. Muchas cosas hay que cambiar en España, y sería muy largo mencionarlas todas, desde viejos compromisos que subsisten con un pasado condenable que aún no ha sido oficialmente condenado, pasando, entre otras cosas, por la función social de las instituciones bancarias o la competencia de los jueces, hasta la redefinición de las atribuciones autonómicas. Entre estas, ya urgente –se ha hecho urgente por la política del avestruz adoptada– está la cuestión de Catalunya.


POSICIONES IRREDUCTIBLES          

El inmovilismo suele ser una mala política. Y en materia de convivencia, la peor. El gobierno español tiene miedo al cambio, como ha dicho muchas veces el Partido Popular, a “romper la unidad de España”. Pero esa unidad está resquebrajada de hecho en estos momentos por la actitud pusilánime e inmovilista de Rajoy. Cuando esto escribo, estamos a escasos cinco días de la anunciada reunión del Parlament en la que se podría proclamar la nueva República Catalana. ¿Qué diablos está haciendo Rajoy que no ha llamado a Puigdemont, como es su obligación política y moral, para sentarse a negociar, junto con todas las demás fuerzas políticas, hasta llegar a un acuerdo? Más veces ha dado la cara en este problema, en forma aislada, la vicepresidenta del gobierno que el presidente. ¿Qué asunto sería lo bastante serio para que Rajoy asumiera directamente la responsabilidad que le corresponde de afrontarlo? No es tan difícil llegar a acuerdos si hay voluntad de alcanzarlos. Pero está claro que esa voluntad no existe. A ambos presidentes, de la Generalitat y de España, les interesa más su propio ego que el bienestar y el futuro del pueblo que dicen representar. Aunque su recalcitrante actitud, en uno y otro caso, lleven al desastre. A fin de cuentas, ya le echarán las culpas al otro, como siempre, y como en este momento están haciendo.

Los movimientos sociales susceptibles de generar violencia –y los movimientos políticos lo son, por antonomasia– no suelen pasar sin cobrarse víctimas. En respuesta a la brutalidad con que la policía reprimió a los votantes en el referéndum del 1 de octubre pasado, grupos de gentes acosaron después a los policías alojados en sus hoteles, sin discriminar entre quienes pudieron o no ser responsables. Algunos piquetes de huelguistas intimidaron a los dueños de los negocios que no se adhirieron a la huelga convocada hace dos días. Hay quienes manifiestan desprecio ante los vecinos que empiezan a percibir como adversarios (y hasta casos de acoso estudiantil, indicio de actitudes que los niños agresores perciben en sus casas). Ya ha habido enfrentamientos ocasionales de manifestantes de uno y otro bando, puesto que ahora se puede hablar de bandos, que hasta ayer prácticamente no existían. Y es que es muy fácil manipular a las masas mientras se habla hipócritamente de legalidad y civismo. Los tumultuosos que se agruparon frente a los hoteles aparecieron cuando Puigdemont exigió públicamente que los policías enviados por el gobierno central para impedir el referéndum se fueran de Catalunya. Rajoy llama a la unidad de España y no tardan en hacerse notar grupos exaltados de una ultraderecha nostálgica que todavía pulula a sus anchas en el país. Por fortuna, esas lamentables muestras de animosidad no representan el sentir de la mayoría que, contrariamente a la actitud de enfrentamiento de quienes las motivan en forma irresponsable, sigue viviendo en pacífica y respetuosa convivencia. 

¿Es posible llegar a un acuerdo en estos momentos? Desde posiciones irreductibles, evidentemente no. Independencia y unidad son antagónicas. Pero si los políticos miraran más allá de su ombligo seguro que se asombrarían de descubrir, con bastante frecuencia, ventajas en el punto de vista de quien consideran su adversario. En una burda aproximación, la independencia puede conllevar inseguridad económica: problemas de autoabastecimiento, disminución de la inversión, inestabilidad de los mercados (ya varias importantes empresas y entidades bancarias han anunciado su salida de Catalunya), dificultades para la financiación de la investigación científica y tecnológica…, aparte de la inmediata falta de relevancia a nivel internacional, entre otras cosas. Por otra parte, la unidad a ultranza, en desconocimiento de diferencias culturales, sociales y económicas, genera claras injusticias además de que frena iniciativas valiosas en todos los terrenos. Seguramente, en el actual momento histórico, habrá un punto intermedio que marcará un máximo de beneficios y un mínimo de desventajas para ambas partes. Si Rajoy y Puigdemont son incapaces de verlo, seguro que en torno suyo hay muchas mentes capaces de aportar ideas. Por muchas razones, es claro que el modelo de las autonomías se queda atrás para el estado que España necesita hoy. Se ha hablado de federación. La idea no es nueva: la Primera República Española de 1873, que duró menos de dos años, fue una federación, y el modelo volvió a plantearse (aunque no se adoptó) durante las discusiones para la Constitución de 1931. Actualmente la referencia más obvia podría ser el modelo de cantones suizos, los Estados Unidos o la misma Unión Europea, aunque probablemente podría encontrarse un modelo propio y más idóneo. Algunos han mencionado una forma de Federación Ibérica, a la que quizás, si le conviene hacerlo, querría unirse Portugal en un futuro… En cualquier caso, ideas no faltan. 


EL PUEBLO QUE LOS POLÍTICOS NO REPRESENTAN              

Son muchas las voces que han advertido del desastre al que pretenden llevarnos los políticos en su irresponsabilidad. Muchas las personas que en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, desde la intelectualidad hasta el deporte, desmontan la mentira, rechazan actitudes recalcitrantes, reclaman la necesidad de diálogo. Pero, ¿quieren dialogar Puigdemont y Rajoy?

A todas luces, no. En un insulto más a la inteligencia de los ciudadanos, ambos dicen hipócritamente estar dispuestos al diálogo anteponiendo su propia posición como condición irrenunciable, con lo que rechazan de antemano toda posibilidad de acuerdo. En los actuales momentos resulta claro que los pueblos que Rajoy y Puigdemont dicen representar superan con mucho a sus políticos, en pensamiento y en valor humano. Cada vez queda menos tiempo para que los otros políticos que aún son capaces de pensar se tomen en serio llevar a este par de irresponsables a un diálogo honesto. Si estos quieren avanzar hacia el desastre haciendo uso de las leyes a su antojo o quedándose sentados mientras los acontecimientos los superan, los que todavía están más allá de egoístas intereses personales deberían ser capaces de sentarlos a la mesa de diálogo antes de que las cosas se les vayan de las manos. El pueblo pensante tiene derecho a mejores gobernantes.