jueves, 6 de junio de 2013

Desaire al ministro

Según la prensa de ultraderecha y muchos nostálgicos del nacionalcatolicismo que aún quedan, estos graduados universitarios con honores son unos maleducados por no darle la mano al ministro. Debe ser que sacar a la gente de sus casas por la fuerza, reducir los salarios, dejar sin empleo y hasta en la indigencia a una parte considerable de la población, aumentar los impuestos al pueblo para salvar del desastre que han causado quienes cobran sueldos millonarios, y siguen cobrándolos, estafando y aplicando cláusulas abusivas, dejar la sanidad en situación precaria, impedir el acceso a la justicia, golpear brutalmente y multar a quienes ejercen el derecho de protestar, imponer una educación doctrinaria y selectiva… es respetar a los ciudadanos y sus derechos. "Si vas a faltar el respeto –piensan ellos–, al menos guarda las apariencias. Sé tan hipócrita como nosotros, que para eso es la educación que queremos darte. Hay que dar la mano a quien te golpea, te expolia, te humilla y te despoja de tus derechos." Pues estos universitarios, con más formación que muchos de esos ministros cuyo único mérito es pertenecer a un partido político, han dicho no. No van a dar la mano a alguien que forma parte activa de quienes hunden al país en la vergüenza. Un gesto que los honra.   

lunes, 18 de marzo de 2013

Se acabaron los desahucios... (¿?)

Ha tenido que intervenir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decirle a España que los desahucios son contrarios a la normativa europea, a la justicia, a los derechos de las personas y al más mínimo sentido de humanidad.

Vergüenza para los bancos y las entidades financieras españolas que aplicaban cláusulas abusivas (esta misma denominación usa la sentencia del Tribunal).
Vergüenza para los jueces que no se rebelaron en sentido de justicia contra esos abusos (algunos sí lo hicieron, honrosamente, aferrándose a cualquier posibilidad que les dejaba la ley, o acudiendo a ese mismo Tribunal. Honor para ellos).
Vergüenza para la policía, los bomberos y los cuerpos del Estado que colaboraron y contribuyeron a los desahucios (pudieron haberse negado, como algunos honrosamente lo hicieron –Honor para ellos también–. Tenían un recurso legal disponible: la objeción de conciencia).
Vergüenza para los periodistas y medios de difusión que respaldaron (y respaldan, todavía tienen la desfachatez) esos procedimientos.
Vergüenza para todos los gobiernos españoles de la democracia que no se atrevieron a derogar una ley de hace un siglo y prefirieron seguir actuando como lacayos de los bancos y los poderosos a quienes beneficiaba la injusta ley.
Vergüenza para los políticos que no propusieron la eliminación de esa injusticia (algunos sí lo hicieron sin ser escuchados: honor para ellos). 
Vergüenza para la poderosa Iglesia católica española, que sí sabe protestar, salir a la calle y hasta amenazar con excomunión a quienes se oponen a sus dogmas pero que se ha olvidado de su principal mandamiento (nadie ha visto manifestaciones de la Iglesia en contra de los desahucios).
Vergüenza para Rajoy que apenas un día antes respondía negativamente en el Congreso a la eliminación de esa ley, demostrando que es un títere al servicio de los bancos. (Véase Las mentiras de la banca y la hipocresía del gobierno).
Vergüenza para Gallardón, cuyo sometimiento a los poderes económicos demuestra que no tiene el más mínimo sentido de la justicia –por eso ha tenido que recordárselo el Tribunal europeo. (Véase La justicia, los bancos y la ley de desahucios).

... Pero no seamos ingenuos. Los bancos, las entidades financieras, los políticos corruptos a su servicio, seguirán confabulando para encontrar resquicios legales por los que seguir aplicando cláusulas abusivas.  

viernes, 22 de febrero de 2013

La palabra de Rajoy

"No he cumplido mis promesas electorales, pero siento que al menos he cumplido con mi deber." Para Mariano Rajoy, al parecer, ambas cosas (cumplir sus promesas y cumplir con su deber) no son lo mismo –ya que, de serlo, su declaración sería contradictoria... lo que, juzgando por lo que hace y dice, tampoco sería nada nuevo. Pero concedámosle, por esta vez, coherencia. Se puede pensar en situaciones en las que el deber (se entiende, el deber ético) nos obligue a no cumplir una promesa. Quienes hayan leído Juan Salvador Gaviota recordarán que la gaviota protagonista siente que no debe cumplir su promesa en el momento en que ésta, pronunciada en una etapa anterior de crecimiento espiritual, le dificulta alcanzar fines que en ese momento no era capaz de comprender y que ahora juzga trascendentes. También puede pensarse en una situación práctica en la que el compromiso responde a un desconocimiento de la situación real. Lo reprochable sería, en uno y otro caso, aferrarse a la palabra empeñada a costa de las impredecibles consecuencias, demostrando una escasa capacidad de criterio. Ni uno ni otro son el caso de Rajoy. No es la gaviota del cuento, en pleno proceso de autodescubrimiento, sino otra clase de gaviota (recuérdese que tras la disimulada apariencia de esta ave está su condición de animal depredador), plenamente adulta y plenamente consciente de la situación ante la que se encontraba, y, por tanto, plenamente responsable de sus compromisos.

¿Qué razón puede haber para que un individuo adulto y con pleno conocimiento, y, además, supuestamente experto en las cuestiones por las que se compromete, no cumpla sus promesas? En cualquier situación laboral, social o personal, un individuo así estaría demostrando inmediatamente su absoluta ineptitud o su mala fe, las únicas razones que explican –nunca justifican– la mentira. (Cabría quizás otra: el paternalismo, bajo el convencimiento de una realidad que sobrepasa la capacidad de previsión y de decisión de otros: siempre rechazable, sobre todo en política, por la orgullosa prepotencia que comporta de sí mismo aunada al desprecio a la inteligencia y la dignidad ajenas. Achacable, sin duda, a otros dirigentes del PP, pero que en Rajoy vendría a corroborar que no sabe distinguir su codo de su nariz.) En el caso de Rajoy, la ineptitud es evidente, desde su nombramiento de sus ineptos ministros, a los que sigue manteniendo en su puesto a pesar de su más que obvia incompetencia (véanse algunas de las entradas anteriores), al hecho estadísticamente evidente de que el país está ahora mucho peor que cuando él llegó al gobierno (a pesar de que entre sus deliberadas mentiras sólo le faltaba asegurar que tenía la varita mágica para solucionar los problemas). Digo que la ineptitud es evidente; y la mala fe también: desde el rebuscado lenguaje con que los ministros y representantes del gobierno pretenden disimular sus reiteradas mentiras (uno no puede dejar de recordar el Ministerio de la Verdad de Orwell, en su novela 1984), hasta el hecho de que sus "reformas", dictadas exclusivamente por los intereseses de poderes económicos, no sólo han echado por tierra derechos laborales, civiles y ciudadanos que había costado mucho conseguir, en tiempo histórico, esfuerzo y vidas humanas, sino que han estado directamente destinadas a empobrecer y dejar en la precariedad, literalmente en la calle –hasta el extremo de la indigencia– a los que tienen menos para darles más riqueza a los más ricos –entre quienes, por si fuera poco, ha abundado y abunda una corrupción desmesurada, incluida la clase política.

Quien considera que "cumplir con su deber" significa estar al servicio del poder del dinero a cualquier precio –incluidos el bienestar, la salud, la educación, la vivienda, el futuro y, en algunos casos, hasta la vida de personas que, desesperadas ante la indefensión laboral, legal y social han recurrido al suicidio–, sólo puede ser considerado (aun dentro de su ineptitud) una mala persona. Ante esta realidad, la nula calidad de su palabra es lo de menos.  

viernes, 16 de noviembre de 2012

Las mentiras de la banca y la hipocresía del gobierno

La Asociación Española de Banca ha anunciado que paralizará los desahucios durante dos años "en los casos de extrema necesidad", y ha afirmado que lo hace por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". Si la banca tuviera sentido de responsabilidad social no habría tardado al menos 3 años en parar esa atrocidad, al ritmo creciente hasta las últimas fechas de más de 500 desahucios diarios. El promedio desde 2008 ha sido de unos 130 desahucios por día, dejando en la calle hasta ahora a más de 203.000 familias, sin que a los bancos les haya preocupado su situación: ya fuera con personas en paro o enfermas, discapacitados, menores, ancianos..., y ello sin ningún plan de recuperación, oferta sustitutiva ni aceptación de la vivienda en pago. Por el contrario, se han cebado con quienes no pueden pagar despojándolos de un techo y encima exigiéndoles seguir pagando la casa que ya no tienen y con la que el banco podrá negociar ahora, apoyándose en una absurda ley de hace más de un siglo que jamás debió existir.

Ha tenido que constituirse la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que entre las escuálidas defensas legales disponibles, movilizaciones, resistencia pasiva, llantos y empujones ha logrado mal que bien detener –en muchos casos sólo temporalmente– algunos desahucios desde noviembre de 2010; ha tenido que producirse la decisión de algunos jueces de impedir otros desahucios, sirviéndose de precarios recursos legales para esquivar la nefasta ley; han hecho falta denuncias y manifestaciones, la repulsa general de la opinión pública, el rechazo unánime a la banca por parte de asociaciones de defensa de los derechos ciudadanos, el informe (desoído por las autoridades políticas) de grupos de jueces, la acusación directa a gritos y en pintadas en los escaparates de las oficinas bancarias, la objeción de conciencia de algunos miembros de la policía, así como la negativa de empresas de cerrajería, a actuar en los desahucios, la llamada de atención del Tribunal de Justicia Europeo y hasta el suicidio, sí, de algunos afectados para que la Asociación Española de Banca se acordara finalmente de su función humanitaria. Y aun así, lo hace con la reserva de que detendrá sus actuaciones "en casos de extrema necesidad". La cual, supuestamente, determinarán los propios bancos. ¿Cómo podría ser de otro modo, a la luz de las declaraciones recientes del ministro de justicia? (Véase post del 31 de octubre: La justicia, los bancos y la ley de desahucios.)

En cuanto al gobierno, esas mismas presiones lo han llevado, ¡por fin!, a hacer algo... Pero ¿qué? Un decreto que contempla una moratoria de dos años (lo que ya había anunciado la banca –está claro quién toca la flauta) pero sólo en los casos más vulnerables, tales como "unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo", "unidad familiar con un menor de 3 años", o que tenga "algún miembro con discapacidad del 33%"... Es claro que una familia monoparental con un solo hijo, o con ambos padres y un hijo de 4 años, o con un miembro discapacitado en un 30%, serán, como hasta ahora, echados a la calle... Y así con los demás casos. 

Es verdad que algo es mejor que nada, pero ¿es éste el estado de bienestar de una democracia europea del siglo XXI? ¿Es siquiera un estado mínimamente humanitario? El partido de gobierno se ha apresurado a recalcar que éste es el primer gobierno que hace algo al respecto. De lo que es una absoluta vergüenza para todos los gobernantes desde la implantación de esa funesta ley hipotecaria, el partido de turno trata de obtener rédito político, sólo porque ha puesto un límite arbitrario a partir del cual la banca podrá continuar con sus desmanes –eso sí: desde ahora con la cara lavada por el humanitario decreto. Lo que el gobierno no comenta (porque sin duda no quiere que llame la atención demasiado) es que esas pobres medidas no son retroactivas, no plantean la dación en pago de la vivienda y ni aun la paralización de los intereses de mora mientras los afectados no puedan seguir pagando por la casa que ya no tienen, y que tampoco contemplan ninguna modificación de la ley hipotecaria. 

Ante la injusta y, para muchos, insoportable situación, el gobierno hace poco recomendó –solo eso– a los bancos aplicar "buenas prácticas bancarias" –ya se ve con qué resultados. ¿Qué hace falta para que el gobierno se atreva a aplicar "buenas prácticas de gobierno"?


(Viñeta de Pero&Grullo. Tomada de: Miniyo)

viernes, 9 de noviembre de 2012

Se buscan políticos honestos

Para ser ministro de cualquier cosa, o presidente de un país, sólo hay que meterse en la política. Es la única profesión donde la formación no es imprescindible, donde el curriculum no tiene importancia, donde haber estado preso es un mérito, donde puedes enriquecerte de la manera más sencilla, donde puedes alimentar tu desmesurado ego imponiendo tu voluntad a los demás, donde puedes mentir con el mayor descaro, donde siempre puedes echarle las culpas a otro impunemente, donde puedes hacer cualquier desastre y despedirte con una pensión de lujo... ¡incluso con honores! ...¿Cómo no va a estar la clase política llena de sinvergüenzas?

lunes, 5 de noviembre de 2012

Las soluciones de la alcaldesa de Madrid

El jueves pasado se produjo en Madrid una lamentable tragedia cuando en un espectáculo musical, en medio de la función, una multitud se agolpó en una de las puertas del recinto tratando de salir en tropel por causas aún no aclaradas. Cuatro jóvenes perdieron la vida aplastadas por la aglomeración, y una quinta está en estado grave. Sin duda no hay palabras –nunca las hay– que logren expresar el dolor y el absurdo de estas pérdidas.

Por desgracia, nada se puede hacer para evitar la tragedia una vez acontecida. Pero lo mínimo que nos obliga a hacer nuestra conciencia es impedir que nada parecido vuelva a producirse. A las autoridades, por razones obvias, corresponde tomar las medidas adecuadas: además de determinar las responsabilidades del caso, más importante aún es reducir al mínimo, si fuera imposible suprimir del todo, los riesgos futuros. No es la primera vez que sucede una desgracia semejante (ni aquí ni en otras partes del mundo), y algo debemos aprender de ello. Los locales capaces de alojar multitudes deben contar, además de los requisitos de seguridad actualmente exigidos (que seguramente deberían ser revisados y actualizados), con vías de acceso amplias, en número suficiente, bien distribuidas y fáciles de acceder y abrir, que permitan la evacuación rápida y segura en caso necesario, y disponer de personal especializado y alerta por si hubiera que usarlas.

Compleja tarea la de revisar y poner a punto medidas de seguridad: hay que considerar todas las posibilidades, examinar todas las alternativas, así como todas sus causas y posibles consecuencias. Actualmente contamos con especialistas en todas las áreas de seguridad, contingencias e investigación operacional, por lo que uno se pregunta si no es también tarea de las autoridades estar actualizados en lo que respecta a la seguridad ciudadana, y no sólo en casos de evacuación.

En cambio, la alcaldesa de Madrid pone de manifiesto la incompetencia típica de los cargos públicos, y en particular la suya, cuando lo primero que ha dicho es que mientras ella ocupe el cargo –ojalá no fuera por mucho tiempo más– no volverá a ceder un espacio municipal para eventos semejantes. La alcaldesa que no sabe sumar peras con manzanas porque desconoce la existencia de conceptos más amplios (como el de fruta, por ejemplo, con el que esa imposible adición le permitiría poner en la misma cesta objetos para ella tan dispares), revela una vez más la cortedad de sus miras: si no se reúnen multitudes, no pueden producirse situaciones que involucren multitudes. Voilá! Mágica solución a los problemas... ¿Para qué enfrascarse en complejas investigaciones operacionales? ¿Un espectáculo es susceptible de presentar peligros? Suprimamos los espectáculos. ¿Hay mucha basura en Madrid? Pues no la recogeremos todos los días (en su extraña lógica, esto puede tener el efecto de que parezca que hay menos, puesto que se recoge menos). ¿La alcaldía de Madrid está cargada de deudas? Sigamos derrochando, así parece que nadamos en la abundancia. Mientras, ¿no hay dinero para pagar a los funcionarios? Reclutemos voluntarios para los servicios públicos (no importa lo que diga la ley sobre esto). ¿Nuestra capital es una de las ciudades más contaminadas del país? ¡Qué va! En palabras de la alcaldesa, Madrid es "la tercera ciudad con mejor calidad del aire"... (será dentro del grupo de las más contaminadas). En todo caso, según ella, esa contaminación no es nociva para la salud. ¿La ciudad está sucia? Es culpa de los mendigos (cuya existencia y proliferación no son un problema de la alcaldía). ¿Hay violencia de género? Es porque las mujeres no siguen el sumiso ejemplo de la Cenicienta. –Así mismo lo dijo, en 2003, siendo la primera dama. Y antes había afirmado que el único culpable del desastre ecológico del Prestige había sido... el barco.

¿Cuál será el siguiente en su habitual ola de disparates?... ¿Teme usted que puedan robarle a altas horas de la noche? No salga a altas horas de la noche. ¿El transporte es insuficiente en ciertas zonas de la ciudad? Que no vaya la gente por allí. ¿Hay accidentes de tráfico los fines de semana? Eliminemos los fines de semana. ¿Protesta la gente en las calles? Suprimamos las protestas (el gobierno está pensando hacerlo).

La respuesta de la alcaldesa –que, recordémoslo, nunca ha sido electa– ante el lamentable hecho de días pasados me recuerda la actitud represiva de la educación en la época de la dictadura: en una ocasión en que se produjo un tumulto en el salón de actos de mi escuela, se prohibió el uso del salón de actos. No era raro el castigo general cada vez que los "educadores" no lograban precisar al díscolo causante de alguna travesura (un grito en los pasillos, el murmullo de una conversación en voz baja durante una clase, algún papel anónimo con palabras "impropias"...) Eliminar el origen de lo que podía causar problemas era la solución preferida, y la otra el castigo general, recursos que no se excluyen mutuamente y el régimen aplicó en forma abundante. Los herederos ideológicos de esa educación nacionalcatólica que siguen siendo víctimas inconscientes de la represión mental que sufrieron en la infancia, simplemente intentan seguir el modelo asimilado y nunca cuestionado. No se han enterado de que los tiempos cambian (si no para ellos para la sociedad que ha sabido evolucionar) y de que la dictadura fue una época pasada... Aunque están haciendo todo lo posible por recuperarla velozmente. 

miércoles, 31 de octubre de 2012

La justicia, los bancos y la ley de desahucios


Ayer Fernando González "Gonzo", periodista del programa de TV El Intermedio, entrevistó al actual ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón durante breves minutos después de un acto público. Así se desarrolló –literalmente—el primer punto de la entrevista (y único al que me voy a referir):

Gonzo: Señor ministro, ¿por qué no se reforma una ley de desahucio que data de 1909, que afecta a 500 familias al día y que incluso un informe judicial ha dicho que es "extremadamente agresiva"?

Ministro Gallardón: [Tras meditar unos instantes] Tenemos que conseguir que siga habiendo crédito. Esto es muy importante. No podemos hacer una ley que les haga decir a las entidades financieras "yo en estas circunstancias no suelto un duro". […] Aquí lo que hace falta es un ejercicio responsable por parte de las entidades bancarias. No es tanto un problema de modificar la ley como de que las entidades bancarias adecúen lo que es su legítimo derecho a recuperar sus créditos a la realidad social en la que tienen que operar.

Gonzo: Y la realidad de los bancos en los últimos años, ¿no ha demostrado que es mejor que el gobierno legisle porque ellos atienden más a sus propios intereses que a los de la sociedad? 

Ministro Gallardón: No podemos hacer una legislación cuya respuesta sea por parte de las entidades financieras: "en estas condiciones no presto dinero".

La entrevista está disponible aquí:  http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/gallardon-justicia-gratuita-esencial-este-pais_2012103000259.html

Es extremadamente grave que un ministro de justicia de un estado democrático declare de manera tan flagrante e inequívoca la dependencia del poder legislativo (que él representa dentro del gobierno) de los poderes económicos y financieros. Es como si nos dijera que ante el poder de quienes tienen el dinero… y tienen la absoluta potestad para emplearlo o no como les venga en gana, al margen de los intereses generales de la sociedad en la que se han enriquecido, y muchas veces a su costa…, el Estado no puede hacer otra cosa que abdicar: "no podemos hacer una ley...", "no podemos hacer una legislación..." Es decir, la justicia en nuestro país está por debajo y al servicio de la clase financiera y económica. Los que tienen el dinero son en última instancia quienes deciden cuáles serán las leyes. Y serán, por supuesto, las que les convengan a ellos. Por eso la ley de desahucios no se ha cambiado y ni tan siquiera se ha revisado desde hace más de un siglo, cuando el poder económico dictaminaba –por lo visto, al igual que hoy– cuáles eran las leyes.

El informe al que hace alusión el periodista ha sido desestimado por la instancia judicial superior, al servicio del interés de hacer prevalecer las leyes, hechas siguiendo los intereses de quienes tienen el poder económico al que está sujeto el poder judicial, como reconoce el ministro Gallardón. Éste apela al "ejercicio responsable" de los poderes económicos, no ya dentro de la ley, en la que claramente se encuentran, ya que en principio emana de ellos según él mismo reconoce, sino de su buena conciencia... Podrá suponer el ministro Gallardón –no sé si ingenuamente o en un ejercicio de "yo me lavo las manos"– que su conciencia moral llevaría a los poderes económicos a adecuar "su legítimo derecho a recuperar sus créditos" a la "realidad social en la que tienen que operar"..., mientras el ministro se cuida muy bien de cuestionar la legitimidad de los métodos de recuperación de esos créditos. Para él, claramente son legítimos puesto que la ley así lo establece. Por eso apela a la conciencia moral de los poderosos acreedores.

Pero como ya Kant había advertido en el siglo XVIII –antes de que el poder económico, ajeno a toda disquisición ética, impusiera en nuestro país su desigual y funesta ley de desahucios– el arbitrio humano no obedece espontáneamente la conciencia moral, por eso el Estado debe intervenir para hacer compatible el derecho del individuo –incluido el que tiene el poder económico– con el derecho ajeno. No hacerlo conduce a contradicciones que pueden llegar a ser fatales para el sistema. Así, la Constitución española establece en su artículo 47 el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, derecho que el Estado está en obligación de garantizar, y que en estos momentos es igual que si no existiera.

Gonzo, al parecer más preocupado por la ética y la justicia que el ministro de justicia, le pregunta a éste si no debería legislarse el comportamiento de los bancos, que han dado y dan todos los días abundantes muestras –al menos 500, para ser exactos– de que los intereses de los demás y de la sociedad les importan bien poco. Y el ministro de justicia, quien a todas luces desconoce a Kant, la ética y la más mínima noción de justicia, pero sí sabe muy bien quiénes dictaminan el alcance y el poder de sus funciones, repite su incapacidad de legislar la conducta del poder económico. En definitiva, el Estado de derecho es del derecho de los bancos y las entidades financieras. Son ellos quienes establecen las condiciones bajo las cuales prestan o no prestan "su" dinero –que es, hoy más que nunca, porque el rescate bancario está saliendo de nuestros bolsillos para ir al de los bancos y sus consejos de administración– el dinero de todos nosotros.